El General del Ejército Iván Ramírez es el oficial de más alta graduación sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por violación a los Derechos Humanos en la decisión conocida esa mañana.

Al mismo tiempo es uno de los militares con mayores señalamientos en el país por estas conductas por fuera de la ley y el reglamento castrense.

Para el Gobierno de Estados Unidos, que ahora lo sanciona a él y le prohíbe el ingreso a ese país a cinco de sus familiares, Ramírez Quintero es un viejo conocido por estas prácticas, pues en 1997 le canceló la visa cuando se desempeñaba como Inspector General del Ejército.​

Este oficial fue comandante de la Brigada 20 del Ejército, desmantelada en 1998 por señalamientos de crímenes en contra de los derechos humanos.

Según la JEP, esta Brigada está involucrada en los crímenes cometidos contra la extinción física del partido izquierdista Unión Patriótica.

Además, Ramírez fue el jefe de inteligencia y contrainteligencia en 1985 y ha sido señalado por estar involucrado en la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia en ese año.

A pesar de todos estos señalamientos el General Iván Ramírez Quintero ha mantenido excelentes relaciones con los últimos gobiernos colombianos.

Su último cargo, antes de retirarse a sus “cuarteles de invierno”, lo ocupó en 1998 como agregado militar de la embajada colombiana en Chile. 

En agosto del año pasado, la JEP rechazó su sometimiento por haberse negado a hacer aportes a la verdad y haber "incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JEP y del Sistema Integral para la Paz".

Ramírez, quien se encuentra en uso de buen retiro, era de los generales conocidos como “troperos”, por su actividad contra la guerrilla en su propio terreno, pero al parecer cayó en excesos que le valieron investigaciones y sanciones.

Del otro oficial sancionados por Estados Unidos, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, se supo que estuvo condenado por 'falsos positivos'.

Mejía Gutiérrez se desempeñó como comandante del batallón La Popa en 2007 en el Cesar, una unidad militar que también se dedicó a realizar acciones ofensivas de contraguerrilla.

Ha sido señalada por homicidios de personas inocentes que cayeron en sus operaciones, para hacerlas pasar por guerrilleros.

Mejía no reconoció su responsabilidad en este proceso de falsos positivos y ha insistido en que es víctima de una conspiración en su contra, por parte del entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y su viceministro, Sergio Jaramillo.

De acuerdo la JEP, al coronel (r) Mejía Gutiérrez se le atribuye responsabilidad en 75 asesinatos cometidos por el Batallón ‘La Popa’ entre enero de 2002 y diciembre de 2003, cuando él era el comandante de esa unidad militar.

Otra arista de la investigación contra el coronel Mejía, tiene que ver por la presunta publicación en redes sociales de mensajes que incumpliría con las garantías de no repetición a las víctimas.

En total se contabilizaron 80 trinos que habrían sido publicados por Mejía Gutiérrez en sus redes sociales en los que habría incitado “al odio, la violencia y la guerra contra quienes representan ideales, posturas políticas y reivindicaciones contrarias” a las suyas, según una denuncia ante la JEP.

El tercero de la lista, Juan Carlos Figueroa Suárez, coronel retirado, también estuvo en La Popa y, como Mejía, nunca ha reconocido su responsabilidad en los "falsos positivos".

Fue imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad, dentro del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas. Víctimas que fueron presentados como bajas en combate.

Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), en Cesar, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, el alto oficial fue declarado máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 52 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

De acuerdo con lo documentado por la JEP, durante su mando reportó 113 bajas, de las cuales 52 fueron ilegítimas, es decir el 46 %.

Asimismo en su periodo bajó la alianza entre los ‘para’ y los militares, pero se evidenció un segundo patrón criminal que consistió en trasladar al Cesar a ciudadanos de otras regiones mediante engaños para matarlos.

La información sobre la sanción a los tres oficiales del Ejército colombiano, fue dada a conocer por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El alto funcionario aseguró que las medidas tienen el objetivo de ser un mecanismo de rendición de cuentas. 

Ninguno de los tres militares estará habilitado para entrar a Estados Unidos, así como cinco de sus familiares.

El secretario Blinken concluyó que las medidas refuerzan el apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).